Boletín Setiembre 2017

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Tierras Indígenas

Caso Sawhoyamaxa: denuncian plan de despojo al Estado mediante un juicio civil

Imagen del post © Abc. Familia de Sawhoyamaxa (Foto de Archivo). Miembros de Tierraviva y de la Codehupy, denunciaron intento de despojo al Estado paraguayo vía judicial, respecto del pago de las tierras expropiadas para la comunidad.

La organización Tierraviva denuncia la irregular tramitación de un juicio sobre fijación judicial de precio de 14.000 hectáreas expropiadas para la comunidad indígena Sawhoyamaxa, en el Departamento de Presidente Hayes, Chaco, pese a que el valor de la indemnización ya es cosa juzgada. Para la ONG la Procuraduría hace “vista gorda”, a fin de cobrar millonarios honorarios.

En una visita a nuestra redacción, los abogados Julia Cabello y José Paniagua, de Tierra Viva, y Óscar Ayala, de Codehupy, denunciaron que la cuestión ya ha sido resuelta en años anteriores por la Corte, que rechazó acciones de inconstitucionalidad promovidas por las firmas Roswell Company SA y Kansol SA.

“Es un juicio donde hay una pretensión de un ganadero de cobrar US$ 39 millones al Estado, y la Procuraduría está haciendo la defensa del caso y, curiosamente, está con una actitud sumamente displicente, haciéndole ganar totalmente al ganadero. Nosotros creemos que es por una reserva (G. 4.000 millones) que solicitó al juzgado para cobrar honorarios en función al monto que finalmente salga”, explicó la abogada Cabello.

CUESTIONAMIENTOS A LA PROCURADURÍA GENERAL Y AL INDI. Las ONG cuestionan a la Procuraduría por no interponer excepción de cosa juzgada así como tampoco ofrece perito tasador. Por este último punto también cuestionan al Instituto Nacional del Indígena (Indi) porque de esta forma se queda a expensas de la tasación de la parte accionante.

La Ley N° 5194 del 11 de junio del 2014 dispuso la expropiación de 14.404 hectáreas de tierras situadas en Pozo Colorado, Chaco, para su adjudicación a la comunidad Sawhoyamaxa. El artículo 3° de la referida ley establece el pago de una indemnización a Roswell Company SA y Kansol SA según el avalúo realizado por el MOPC y que fijó la suma de G. 34.939.617.222.

El fallo a través del cual la Corte rechazó la acción en el 2015 argumenta que las firmas debieron accionar en el ámbito administrativo, y si no lo hicieron en su momento, la acción no puede suplir la omisión o falta de ejercicio de derechos en que han incurrido los accionantes.

SENTENCIAS DE LA CORTE.  A y S N° 981 del 30 de setiembre del 2014: Sala constitucional integrada por Gladys Bareiro, Víctor Núñez y Antonio Fretes rechaza acción de inconstitucionalidad promovida por las empresas Roswell y Kansol contra la ley Nº 5194 del 11 de junio de 2014.

A y S N° 384 del 2 de junio del 2015: Sala constitucional integrada por Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Víctor Núñez rechazó acción de inconstitucionalidad promovida por las empresas Roswell y Kansol contra artículo 3 de la Ley Nº 5194.

Fuente: Diario ABC Color

 

Jueza autorizó retiro de fondos

15/09/2017. La jueza Julia Alonso confirmó que tiene a su cargo el juicio de fijación judicial de precio promovido por Kansol y Roswell, pero dijo desconocer los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia respecto al caso.

Tierra Viva y Codehupy cuestionaron la decisión de la jueza de diferir el estudio de la excepción de cosa juzgada, presentada por el Indi con carácter de previo y especial pronunciamiento. También expresaron su desacuerdo con la decisión de autorizar el retiro de los fondos depositados, un total de G. 30.800.000.000, solicitado por las accionantes como pago parcial y no total.

Alonso confirmó que dispuso el retiro de los fondos, pero indicó que no se ha expedido aún sobre el fondo de la cuestión. “Es un trámite muy sumario, se presentó una tasación del MOPC y la otra parte dice que no puede ser el MOPC el que fije el precio de venta. Tanto la Procuraduría como el Indi están ejerciendo sus derechos”, acotó la magistrada.

ESTADO HACE FÉRREA DEFENSA, DICEN.  El abogado Vicente Daniel Rodríguez, procurador delegado, uno de los representantes del Estado en el juicio impulsado por las firmas Kansol y Roswell, aseguró que ha planteado una enérgica defensa de los intereses del Estado.

“Justamente una de las marcas de la administración ha sido defender siempre firmemente la postura de que los abogados del Estado no pueden regular honorarios al Estado en ningún caso. Prueba de ello es la certeza constitucional que promovimos y obtuvimos junto con el Banco Central del Paraguay ante el Pleno de la Corte, que nos dio la razón en esa tesitura”, manifestó el letrado.

Rodríguez destacó que tanto Tierra Viva como la Procuraduría General persiguen el mismo interés, que es hacer que las tierras expropiadas lleguen a los indígenas y que el INDI pague la indemnización, que ronda los G. 35.000 millones ya establecidos y no los US$ 39 millones que pretenden las firmas expropiadas.

Fuente: Diario ABC Color