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Chaco, Alto Paraguay – Violación de Derechos Indígenas

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Deforestación ilegal, suman infracciones

Alto Paraguay, Chaco. Otras 500 Has. de bosques fueron nuevamente desmontadas entre  los días 4 y 12 de setiembre en curso, en tanto se avanza sobre la deforestación de otras cientos de Has.

LA SEAM alega que “existe  restricción judicial de innovar la situación de hecho y de derecho que permite proseguir la ejecución de obras”, aludiendo a la medida cautelar obtenida por la firma brasileña Yaguarete Pora SA  de la Jueza de Puerto Casado Luz Marissa Cardúz, hoy suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.  http://www.concepcion-py.com/2014/06/suspenden-jueces-de-puerto-casado.html;

Esta irregular medida violenta disposiciones vigentes del Poder Judicial (Acuerdo y Sentencia N 391), que obligan a la presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para proceder posteriormente a nuevas innovaciones.  Dicha medida cautelar fue  otorgada, además, en flagrante infracción  del Código de Organización Judicial, que establece en su Art. 14 “En los juicios de cualquier naturaleza en que sea parte el Estado, como actor o demandado, será competente el Juez del lugar en que tenga su domicilio legal el representante del Estado”, dado que la SEAM ha establecido domicilio en la ciudad de Asunción (Ley 1561/00, Art. 9), y no en Puerto Casado.

Por otra parte, la deforestación avanza a pesar de que la SEAM fue notificada judicialmente en reiteradas oportunidades de que la Licencia se encontraba suspendida, dada la demanda contenciosa administrativa contra la renovación de la Licencia Ambiental a la empresa, promovida por los Ayoreo Totobiegosode.

A la vez, la SEAM violenta lo establecido en el Decreto 453, reglamentario de la Ley 293/94 de Evaluación de Impacto Ambiental,  que en su Art.  6º Inciso d) dispone que “…la Audiencia Pública será obligatoria en caso de que el proyecto de obra o actividad pueda afectar directamente a Comunidades Indígenas…”.

Se violentan expresas garantías normativas y en particular fundados derechos del pueblo Ayoreo Totobiegosode.

Se han realizado reiteradas denuncias ante el Ministerio Público, al que compete “promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas” (Art. 268, inc. 2, Constitución Nacional); asimismo al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) que cuenta entre sus competencias la de “Apoyar las gestiones y denuncias de los indígenas ante entidades gubernamentales y privadas”.  Asimismo se han presentado denuncias ante otros órganos públicos correspondientes.   

Paraguay
15 de Setiembre, 2014

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